Verónica Delgado. Visiones de protección ecosistémica, de justicia hídrica y de coherencia

-¿Qué elementos destacaría del capítulo “Políticas y Gestión del Agua” de la EDA?

Ese capítulo es portador de 3 visiones modernas: una visión de protección ecosistémica de los recursos hídricos (el agua y sus ecosistemas asociados), una visión de justicia hídrica (redistribuir el agua, afectando los DAA antiguos pues, como dice el informe, “aunque otros países han reconocido derechos de propiedad privada sobre el agua y mercados del agua, ninguno lo ha hecho de forma tan desregulada e incondicional como Chile”) y, en tercer lugar, una visión de coherencia para un “crecimiento ecológico” en materia de impuestos, cobros y bonificaciones.

-¿La sugerencia de una institución central y organismos de cuenca, podría ser un impulso para concretarlos?

Como soy abogada, veo en este informe una hoja de ruta regulatoria insoslayable. La EDA es un impulso vital para lograrlo. Y lo positivo es que se trata de una visión objetiva, que nos acerca a otros países OCDE y que debemos asumir democráticamente y con sentido de urgencia; sin quedarnos entrampados en la polarización con la que solemos discutir las reformas en materia de aguas.

-La evaluación es muy crítica sobre la asignación de DAA, ¿cuál es su opinión al respecto?

Quienes me conocen saben que coincido con las recomendaciones de la EDA en un 100%. Es imperativo, por ejemplo, avanzar en restaurar los ecosistemas de agua dulce, los ríos deteriorados en las cuencas sobreexplotadas, para lo cual será necesario que los caudales mínimos ecológicos (que consideren las condiciones ecológicas de cada masa de agua superficial) deben respetarse también por los DDA antiguos. Además, debemos darle el poder al Estado para ajustar a la realidad el agua otorgada en los DAA (en papel y hace más de 40 o 30 años); y definirlos como una parte (porcentaje) de los recursos disponibles y no un volumen absoluto de agua, como hoy.

-Se recomienda introducir instrumentos económicos para la gestión del agua, ¿cuáles se podían implementar en Chile?

Se pueden implementar todos los que nos proponen, por ejemplo, cobrar por extracción de agua (corresponde al principio “quien se beneficie, que pague”) o cobrar por los vertidos de contaminantes (el principio “quien contamina, paga”). Ahora lo que sí exigiría una reforma adicional es que esos recursos económicos se queden en la cuenca, para gestionarla y restaurarla, satisfaciendo el principio “el agua paga el agua”.

Me parece interesante que reiteran el llamado hecho en 2016 a no mantener los “incentivos perversos”, como bonificar el uso de químicos, que tanto contaminan nuestras aguas; pero ahora incluyeron el riego tecnificado, pues el agua ahorrada con la bonificación no es devuelta por el agricultor al río, sino que aumenta la superficie a plantar, de manera que no hay ahorro de agua para los ecosistemas o la gente, y además se usarán más químicos etc. Por el contrario, recomienda avanzar en bonificaciones más verdes y en sistemas de pago por servicios ambientales, lo que implica robustecer el principio “quien conserva, cobra”.

Finalmente, y dado que nos advierten del grave problema de contaminación que tenemos, sugieren crear un fondo a partir de los royalties mineros para limpiar la contaminación heredada del suelo y agua. Y que, para descontaminar, se pueda usar parte de los ingresos extraordinarios obtenidos del mayor precio que eventualmente pueda existir en la producción del litio.

-Se aconseja estándares más rigurosos de calidad para las aguas residuales, incluyendo los efluentes de la agricultura y acuicultura. ¿Cuál es la situación actual, qué mejoras se pueden realizar?

Aquí hay un atraso grave. Veamos lo más urgente. Primero, dictar las normas de calidad secundarias de cada río o lago de Chile; si bien hay 101 cuencas, tenemos apenas 6 normas. Mientras ello no ocurra no podremos aplicar ningún plan de prevención o descontaminación. Por ello estoy abierta a que se haga lo que nos sugieren: definir una lista estándar de parámetros básicos de calidad del agua para el territorio nacional con el fin de simplificar el proceso. Podrían definirse parámetros adicionales para cuencas concretas en función de consideraciones hidrológicas y presiones específicas. Segundo, actualizar (el Ministerio del Medio Ambiente está trabajando en esto) las normas que permiten descargar contaminantes en los ríos, exigiendo tratamientos terciarios. Tercero, y aquí no tenemos nada adelantado, hacernos cargo de los contaminantes emergentes como antibióticos, anticonceptivos, psicotrópicos, etc.; cuarto: regular la contaminación difusa.

-De las recomendaciones de la OCDE, entre ellas aumentar el presupuesto para gestión ambiental, ¿qué corresponde al Ejecutivo y qué al Legislativo?

Del Ejecutivo, hay varias de mera gestión o meramente reglamentarios, y otras implican presentar proyectos de ley cuando tiene iniciativa exclusiva. En materia de gestión, el llamado más urgente es a establecer una plataforma de información centralizada para la gestión de la calidad y cantidad del agua, coherente y completa, pública y de fácil acceso. Iniciar un proceso urgente de dictación y actualización de normas. Implementar sistemas de pago por servicios ambientales, etc. Buscar las mejores capacidades para los funcionarios estatales, capacitando especialmente en las nuevas leyes y buscando apoyo de la academia. En materia de proyectos de ley, corresponde a su iniciativa por ejemplo crear una autoridad central en aguas, imponer cobros, impuestos o establecer la gestión integrada de cuencas con organismos de cuenca; incluyendo, por cierto, pedir mayor presupuesto para avanzar en materia ambiental, hídrica y en ciencia.

Es evidente del informe un fuerte llamado al Congreso Nacional, para que con iniciativas del Ejecutivo o mociones parlamentarias, se logre modificar nuevamente el Código de Aguas o avanzar en leyes especiales, para crear un sistema sólido para reasignar el agua (y aquí ojalá logremos un acuerdo lo más transversal posible para no seguir con la inequidad existente), para que los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos (PERH) en cada cuenca, decididos con la mayor participación de los actores clave de los territorios, tengan elementos vinculantes; para proteger en particular los salares en la explotación del litio, y dejar de considerar la salmuera rica en litio como un recurso mineral; para definir la naturaleza jurídica de aguas servidas tratadas para reúso y de las aguas desalinizadas, etc.

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