La tercera Evaluación de Desempeño Ambiental de Chile (EDA Chile 2024), examen realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), entregó un análisis de los compromisos ambientales del país y 36 recomendaciones claves para continuar avanzando en la protección del medioambiente. El foco estuvo puesto en la gestión y políticas de agua.
En su tercera edición, la EDA tuvo un especial foco en la gestión y políticas de agua. Según el informe, la presión sobre los recursos de agua dulce se ha intensificado con el tiempo, lo que aumenta los conflictos sociales. Recalca que el país ha estado enfrentando una ‘megasequía’ durante los últimos 14 años y que la calidad del agua es una preocupación importante, siendo las aguas residuales urbanas e industriales, la acuicultura y la minería las principales fuentes de contaminación.
Las EDA son un examen independiente que evalúa el desempeño ambiental de un país, con el fin de proponer recomendaciones y asesorar a los Estados en la evaluación de sus progresos y mejorar la coordinación de las políticas públicas. El primer informe fue entregado el 2005 y el segundo el 2016.
En cuanto a las políticas hídricas, la evaluación de la OCDE dice que la reforma al Código de Aguas 2022 fue un avance positivo al consagrar la prioridad del abastecimiento de agua para consumo humano e introducir concesiones con plazos determinados para nuevos derechos de agua. Sin embargo, afirma que continúan los problemas relacionados con los derechos de agua existentes (definidos como propiedad privada, asignados gratuitamente y otorgados a perpetuidad), la sobreasignación de estos derechos, y el no considerar caudales ecológicos mínimos para la preservación de la naturaleza, considerando las condiciones de cada cuerpo de agua superficial.
El informe también resalta la alta fragmentación en la gestión de los recursos hídricos, recomendando “establecer una autoridad gubernamental central para regular, planificar, desarrollar, conservar y proteger los recursos hídricos y proporcionar una gestión holística y general del agua y las aguas residuales con funciones y responsabilidades claramente definidas en todos los niveles de gobernanza (nacional, regional, de cuenca fluvial y local)”.
El rol del litio
La evaluación hace hincapié, además, en cómo la minería del litio podría afectar aún más la presión sobre el agua en el país: “La minería del litio puede exacerbar la escasez de agua, mientras que los desechos químicos pueden contaminar el suelo y el agua. Chile debe abordar los impactos sociales y ambientales de la intensificación de la producción de litio”, dice el informe.
Para evitar estos problemas recomienda establecer líneas base hidrogeológicas y de biodiversidad antes de la producción de litio para medir el impacto de la actividad productiva en los salares. Por ello, asegura que “Estas medidas son fundamentales para la producción sostenible de litio. Si no se gestiona bien, la minería de litio en determinadas regiones, como el Salar de Atacama, también puede profundizar las desigualdades históricas y afectar negativamente a los territorios indígenas andinos”.
Hoja de ruta
Sobre esta tercera evaluación ambiental de la OCDE, Verónica Delgado, abogada y directora de AndesPeat, destaca la visión de protección ecosistémica que hace de los recursos hídricos, es decir del agua y sus ecosistemas asociados.
“Considero que la OCDE nos está dando una hoja de ruta regulatoria insoslayable. Lo positivo es que se trata de una visión objetiva y que nos acerca a los otros países OCDE. Necesitamos asumir democráticamente y con sentido de urgencia estas recomendaciones, sin quedarnos entrapados en la polarización habitual con la que solemos discutir las reformas en materia de aguas”, opina.
