Congreso despachó este martes el proyecto de ley de protección ambiental de turberas y quedó listo para convertirse en ley. La labor de un comité científico que asesoró la discusión parlamentaria en la Comisión Mixta fue clave para alcanzar acuerdos en la protección de este ecosistema.
Fuente: El Mostrador
Este martes el proyecto de ley que otorga protección ambiental a las turberas –un tipo de humedal que en Chile se encuentra entre las regiones de La Araucanía y Magallanes y que es clave para enfrentar el cambio climático- superó su último trámite legislativo en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas y quedó a un paso para convertirse en ley.
Pero para alcanzar este importante hito que constituía una de las prioridades legislativas del Ministerio del Medio Ambiente se requirió de una colaboración inédita entre el mundo científico y parlamentario, donde la ciencia se puso al servicio de las políticas públicas.
La ministra Maisa Rojas lo explica así:
“Este proyecto de ley demuestra que la discusión legislativa puede conversar con la ciencia y cuando eso ocurre los resultados nos permiten llegar a consensos transversales para proteger nuestro medioambiente, lo que es urgente en medio de la crisis de cambio climático y pérdida de biodiversidad que enfrentamos como planeta. Esta fue la razón por la que como Ministerio del Medio Ambiente propusimos la creación de un Comité Científico que contó con la destacada participación de cinco profesionales especialistas en turberas”.
Comité científico asesor: una instancia inédita
Fue en 2018 cuando los senadores Carmen Gloria Aravena, Alfonso De Urresti, Francisco Chahuán, Ximena Órdenes y la exlegisladora Carolina Goic ingresaron una moción parlamentaria para la protección ambiental de las turberas. Este texto fue aprobado por el Senado en octubre de 2019 y luego modificada de manera sustantiva por la Cámara de Diputados y Diputadas en abril de 2022.
Sin embargo, esta nueva propuesta emanada por la Cámara fue rechazada en su totalidad por el Senado en su Tercer Trámite Constitucional dejando la definición del contenido del proyecto de ley a una Comisión Mixta que tenía el objetivo de resolver las diferencias surgidas entre ambas Cámaras.
Así ante el desafío de que surgiera un texto que concitara el apoyo transversal de los parlamentarios de esta comisión, la ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, propuso a esta instancia una idea poco común durante la tramitación de los proyectos de ley: la creación de un comité científico que asesora la discusión legislativa.
El grupo quedó compuesto por cinco destacados profesionales en este ámbito: Verónica Delgado, Pablo Marquet, Carolina León, Jorge Pérez, Roy Mackenzie y María Paz Martínez, el que comenzó a trabajar en agosto de 2023.
Esta instancia elaboró un informe donde se analizaron las propuestas en materia de protección de turberas emanadas tanto del Ministerio del Medio Ambiente como también del Congreso. Dicho documento sentó las bases para que luego los legisladores de la Comisión Mixta pudieran alcanzar importantes acuerdos.
Así lo explica el biólogo Pablo Marquet:
“Este proyecto es importante en varias dimensiones. Por un lado, se prohíbe la extracción de turba en todo el territorio nacional y se adopta una visión ecosistémica para proteger y regular el manejo sustentable de la cubierta vegetal de las turberas con Sphagnum magellanicum, consagrando la necesidad de contar con un plan de manejo para tal efecto. Por otro, se sientan las bases para la conservación y restauración de estos ecosistemas reconociendo su importancia en la mitigación y adaptación al cambio climático, y las múltiples contribuciones que generan para las personas y el resto de la biodiversidad”.
Los avances que proveyó el trabajo del comité asesor fueron evidentes: en enero de este año tanto la comisión mixta como la sala del Senado aprobaron la propuesta que terminó por destrabar la tramitación de esta iniciativa. “Creo que en esta tramitación se dio algo muy particular, se escucharon y tuvieron en cuenta distintas visiones y antecedentes: gremios, sociedad civil, pueblos originarios y también se constituyó un comité científico asesor al que fui invitada”, destaca León.
“Este comité le entregó a la comisión mixta información científica disponible para que pudiesen tomar decisiones en base a las evidencias que se tienen. Estas interacciones no son tan comunes y son virtuosas entre ciencia y los poderes del Estado para construir regulaciones sólidas que realmente contribuyan al desarrollo sustentable. La investigación científica puede y debe aportar a las políticas públicas”, reflexiona la también bióloga Carolina León.
En esta línea Marquet concluye: “Finalmente, y lo que no es menor, este fue un trabajo apoyado por un comité científico que acompañó parte del proceso colocando la evidencia científica al servicio de las políticas públicas, sentando así un precedente digno de replicar en futuros proyectos”.